La UCR pide adherir a la ley de empleos protegidos para personas con discapacidad

Las diputadas bonaerense del radicalismo, Nazarena Mesías y Melisa Greco, presentaron esta semana un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley nacional N° 26816, que establece el “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”.

La citada normativa “promueve el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un trabajo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado”.

Según informaron las legisladoras, y anunció el medio Diputados Bonaerenses, el empleo protegido es la modalidad laboral diseñada “para aquellas personas con discapacidad que pueden ejercer una actividad profesional, pero no en el mercado ordinario, por presentar éste obstáculos aún difíciles de sortear”.

Con la adhesión a la Ley nacional N° 26816, también insta a la superación de las aptitudes, las competencias y actitudes de estas personas, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales.

Asimismo, con la iniciativa de las legisladoras radicales, también se apunta a impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad”.

“Teniendo en consideración la importancia que reviste para la sociedad en su conjunto establecer un marco normativo en pos de la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad, a fin de alcanzar una realización personal, afectiva, social y económica, se solicita a la Honorable Cámara de Diputados que acompañe este proyecto”, reza el texto presentado por Nazarena Mesías y Melisa Greco, que también contempla la adhesión de los municipios a la misma.

En agosto de 2020, el senador de Juntos por el Cambio, Andrés de Leo, presentó un proyecto de ley para que la Provincia adhiera al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, establecido por la normativa N° 26.816, y a su Decreto Reglamentario 1771/2015, pero no tuvo éxito.

En ese sentido, según el legislador, el objetivo de la iniciativa era “fortificar las políticas públicas vigentes orientadas a la protección integral de las personas con discapacidad, tal como lo expresa la Constitución de la bonaerense”.

“Buscamos promover su desarrollo laboral mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado, e impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad”, señalaba el texto de De Leo.