Lordén dijo que el proyecto que regula las restricciones “avasalla las autonomías”

A pocas horas de que el Congreso de la Nación comience a debatir el proyecto de ley que fija criterios para aplicar las restricciones sanitarias, la diputada provincial y vicepresidenta de la UCR, Alejandra Lordén, advirtió que el Gobierno busca “avasallar las autonomías provinciales”.

Este miércoles, la iniciativa enviada por el Ejecutivo nacional será tratada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de llevarlo al recinto la semana próxima.

“Los próximos días marcarán a fuego a oficialismo y oposición de cara a lo que viene. Frente a un Gobierno que acude al Congreso para reclamar sumisión debemos hacernos fuertes y sostener nuestro mensaje: la democracia no se toca”, apuntó la legisladora radical.  

En este sentido, Lordén recordó que “el martes pasado la Corte dejó claro en su fallo que el Estado argentino es federal y por lo tanto el Gobierno Nacional no puede avasallar las autonomías provinciales”. “Menos de una semana después envían un proyecto que sitúa a los gobernadores como empleados de la Nación”, sentenció. 

El Gobierno nacional pretende, tal como lo menciona en el proyecto ingresado ayer a la Cámara alta, que la iniciativa sea convertida en ley antes del 22 de mayo, cuando caduca el alcance del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández.

El expediente dispone un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus y tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país".

Sin embargo, para la oposición se pretende otorgar “facultades extraordinarias que deterioren la división de poderes”. “Acá no hay necedad sino responsabilidad y coherencia, fijaremos una posición conjunta que represente a la gente que le pide diálogo y seriedad a la política”, agregó la legisladora.

“Dicen que van al Congreso en busca de diálogo, pero van a imponer y a confrontar con la Justicia, la oposición y las provincias. ¿Por qué no responden a las citaciones por las irregularidades del laboratorio de Ezeiza? ¿Por qué no explican las demoras en el plan de vacunación?”, sentenció Lordén.  

En rigor, la primera respuesta de la gestión de Alberto Fernández al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, fue apelar a una resolución del Consejo Federal de Educación y ahora a una ley que impida la toma de decisiones de los distritos.

“El federalismo de conveniencia que practica el kirchnerismo no tiene sustento constitucional ni apoyo ciudadano. Cada vez más lejos de la gente. Juntos por el Cambio va a demostrar la unidad que no tienen ellos. Somos conscientes del papel que nos toca representar”, concluyó Alejandra Lordén.

La respuesta de Juntos por el Cambio

A pocas horas que el Gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de ley que busca regular las restricciones sanitarias ante la nueva ola de coronavirus, la mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa.

Los principales dirigentes de la oposición se reunieron de forma virtual este lunes y sostuvieron que, de aprobarse el documento, se le darían “superpoderes” al presidente, Alberto Fernández, en medio de la pandemia.

Asimismo, los integrantes de Juntos por el Cambio consideraron que es “inviable” establecer nuevas medidas “luego del marco que impuso la Corte Suprema con el fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires”. 

“No debemos avalar bajo ningún punto de vista mayores poderes que avasallen las autonomías provinciales y de la Ciudad”, indicaron los jefes de las bancadas en la Cámara baja, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan López (Coalición Cívica).

En la misma línea, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, indicó que “no le vamos a otorgar más poder a Alberto Fernández. Lo que sí necesita es una gestión clara consiguiendo las vacunas para todos los argentinos”.  

Tras el revés que sufrió el Gobierno nacional por el fallo de la Corte Suprema que avala las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, ahora el Ejecutivo busca que no se puedan objetar jurídicamente los decretos que dictan el Presidente y los gobernadores.

De qué trata el proyecto

La iniciativa parlamentaria propone una suerte de semáforo epidemiológico con distintos parámetros para dividir los municipios en cuatro grupos: bajo, medio, alto riesgo y alarma epidemiológica.

A partir de estos indicadores, se determinarán las medidas. Además se tomarán como criterios, la cantidad de casos cada 100 mil habitantes, el aumento en los últimos 14 días y la ocupación de camas de terapia intensiva.

"Con el envío de un proyecto de ley al Congreso y su eventual sanción (con el respectivo consenso político), el campo de acción de la justicia queda absolutamente acotado", detallaron desde Casa Rosada.

De esta manera, no sólo las administraciones provinciales estarán facultadas a tomar decisiones, sino serán aconsejadas a aplicar distintas medidas, como por ejemplo pasar de la educación presencial a virtual, situación que se llevó a la Justicia.

Fuente: Diputados Bonaerenses